jueves, 1 de agosto de 2013

LOS SEXUALMENTE DIVERSOS GANAN ESPACIOS EN ECUADOR

Grupos autodenominados provida y proderechos discrepan al defender lo que consideran sus derechos. Ambos dicen que la Constitución se los garantiza; y que unos u otros tratan de vulnerarlos. Hablan de igualdad. Pertenecen a las comunidades GLBTI y a los supuestos opositores. Estos últimos cuestionan los cambios propuestos a las leyes, como a la del Registro Civil vigente, en la cual se quiere reemplazar la palabra sexo por género.

La historia de discriminación de la población GLBTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) en Ecuador es larga, pero la historia de reivindicaciones aún es muy corta”. Así piensa María, una lesbiana de 24 años que no revela su apellido para evitar el enojo o la decepción de su padre, que es policía.
Ella dice no estar preparada para hacer pública su opción sexual. Aunque entiende que lo único que la diferencia de los demás es “lo que sucede de la puerta de su dormitorio hacia adentro”, cree que es mejor tener un “perfil bajo” porque la sociedad, dice, juzga, señala y aísla a quienes no viven dentro de su “idea de normalidad”.
El reclamo público de los derechos de estos colectivos, en donde se incluye a los Intersex (antes llamados hermafroditas por tener físicamente los dos sexos), empezó en 1997 cuando se despenalizó a la homosexualidad, que castigaba con prisión a quienes la practicaban, según el Código Penal.

Esa victoria, dio origen a la primera marcha pública denominada del Orgullo Gay, realizada en Quito en 1998; y en los últimos años, a la inclusión en diversos cuerpos legales de la no discriminación por orientación sexual, la inclusión de la identidad de género; la legalización de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, la tipificación de crímenes de odio por orientación sexual…
Diane Rodríguez, quien fue la primera candidata transexual que participó en una elección (2013) para asambleísta en el Ecuador, sostiene que las peticiones que se hacen van más allá de actualizar las normativas secundarias con la Constitución o acuerdos internacionales.

La mayor razón que motiva a los colectivos GLBTI es la lucha por sus derechos. En el camino han tenido logros y derrotas.

Entre los aciertos, consideran el acceso a la educación fiscal sin restricción para ciudadanos como Tania, una transexual de 24 años, a quien en un colegio nocturno de Guayaquil le exigían vestirse como hombre y cortarse el cabello para aceptar su matrícula, ya que su sexo de nacimiento era masculino.


También están aquellos pedidos que no pasaron, como la sentencia desfavorable que en el 2012 recibieron las inglesas Nicola Rothon y Helen Bicknell, al pedir que inscriban a Satya, la hija biológica de Rothon (por inseminación artificial), con el apellido de ambas como madres. La acción no prosperó porque se determinó que en la ley ecuatoriana no existe la doble afiliación materna o paterna.
En Ecuador no hay cifras oficialmente sobre la población GLBTI, ni estudios o encuestas que indiquen en qué ciudades se encuentran; en qué condiciones viven o cuántas agrupaciones de este tipo existen.

La página web de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género (creado como ente gubernamental en el 2009) señala que 19 organizaciones GLBTI están inscritas en el país. En Quito hay 10; en Guayaquil, 6; y en Salinas, Cuenca y Machala cuentan con una organización, respectivamente. Diane Rodríguez dice que son más.


Por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con apoyo de organizaciones GLBTI, inició en noviembre del 2012 una encuesta sobre las condiciones de vida de esta población, cuyos resultados se conocerán en junio próximo.

En septiembre DEL 2013, activistas y colectivos GLBTI propusieron una reforma a la Ley del Registro Civil vigente, que tramita la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. La principal modificación es que en la cédula de ciudadanía se cambie la palabra sexo por género. Para la población trans el género es una categoría mucho más amplia, que permite identificar la opción sexual con la que una persona se define.

El sexo, creen las agrupaciones proponentes, debería ir en la ficha de identificación (partida de nacimiento) y no en el documento de ciudadanía.

“A nadie le afecta el que yo elija colocar masculino o femenino en mi cédula. Es mi identidad y mi derecho”, señala Rodríguez, quien indica que esto no afectará a los heterosexuales, que mantendrían su condición.

También se coloca una disposición transitoria a ser incluida en el Código Civil, específicamente en el artículo 222, que habla de las uniones de hecho. En el texto se reemplazan las palabras “hombre y mujer” por la de “dos personas”.
Diana Atamaint, asambleísta de PK y miembro de la mesa de Gobiernos Autónomos, apunta que lo que se ha hecho es poner a tono con la nueva Constitución y los convenios internacionales “una legislación vetusta, cargada de prejuicios y tabúes”. Recalca que ella como indígena conoce de la discriminación, el aislamiento y la negación de derechos que viven minorías como la GLBTI.

Sin embargo, hay grupos que cuestionan estos cambios.
Isabel María Salazar, directora nacional de la iniciativa ciudadana 14 Millones, Vida Familia y Libertad, piensa que esta propuesta, así como otras entregadas por los GLBTI y el feminismo extremo, atentan contra el “enfoque de familia” que debería prevalecer en las políticas públicas.

Salazar considera que se podría provocar inseguridad jurídica con estos cambios y que el fin último de las acciones GLBTI es abrir la puerta al matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de que dos personas del mismo sexo adopten.
La iniciativa denominada 14 Millones envió, en abril del 2013, una carta a la mesa de Gobiernos Autónomos respaldada por casi 43 mil firmas. Ahí se oponen a los cambios propuestos por los grupos trans.

Posibles abusos que nazcan del mal uso de este cambio en el Registro Civil. Problemas en el sistema de salud pública originados al desconocer al transexualismo como uno de los trastornos mentales categorizados por la Organización Mundial de la Salud. Y crisis en la estructura familiar son, entre otros, los argumentos con los que este grupo esgrime para sostener su oposición.


No obstante, representantes de los colectivos GLBTI recalcan que no habría inseguridad jurídica porque el número de cédula, que es único, no variará, y con ello, la gente deberá de asumir todas las responsabilidades que ha adquirido.
El director Nacional del Registro Civil, Jorge Montaño, dice que la institución no tiene una posición ni a favor, ni en contra de los cambios que se proponen desde los colectivos GLBTI. Sostiene que los asambleístas que trabajan en la reforma deben analizar técnicamente qué datos quedan y qué datos se aumentan a la cédula de identidad o ciudadanía. Para él este documento no puede transformarse en una especie de “memoria flash”, donde se pueda almacenar toda la información de preferencias, por ejemplo, políticas, religiosas, culturales, deportivas, de los ciudadanos.

“Insisto, el documento de ciudadanía e identificación tiene un objetivo que es identificar a una persona. La pregunta que yo hago es: ¿registrar tendencias es identificar?”, se pregunta.

Elizabeth Vásquez, asesora legal de la plataforma Mi Género en Mi Cédula (pro GLBTI), califica a los argumentos de los grupos contrarios como llenos de dogmas y desconocimiento, incluso, en temas legales.

Niega que las propuestas hechas exijan derechos especiales para la comunidad GLBTI, abran la posibilidad del matrimonio homosexual o generen inseguridad jurídica. Recalca que la propia Constitución y las leyes secundarias de la República son las que ponen los límites en estos temas o a un abuso de un derecho en esencia.
Pese al avance de leyes y de acciones en favor de los colectivos GLBTI, las denuncias por incumplimiento de las leyes se multiplican. Muchos aseguran ser discriminados por su orientación sexual tanto en dependencias públicas como privadas.

Algunos ciudadanos GLBTI afirman que aún se les niega derechos universales, como atención en salud, acceso a educación y a un empleo.


Romina Contreras, de 30 años; Andrea Bravo, de 26 años, y Cristina (nombre protegido), de 20, quien estudia Marketing y Publicidad, conocen de cerca el rechazo laboral. Las tres fueron rechazadas y despedidas de sus trabajos al conocer que son transgéneros. El sexo Masculino, que dice en sus cédulas, las delata, pese a su apariencia física, que es femenina.
Diana Maldonado, coordinadora Técnica de Silueta X y activista lésbica, tuvo que interponer acciones legales (con su abogada particular) para que una jueza acepte su unión de hecho con su pareja europea.

Ella cuenta que en octubre pasado 6 notarías en Guayaquil le rechazaron su unión de hecho, alegando preceptos religiosos y no la Constitución. Lo mismo le sucedió cuando fue a pedir la visa de amparo para su pareja. Y cuando fue al Registro Civil estatal. No es la única. Historias hay muchas. En la Defensoría del Pueblo regional Guayaquil se presentaron unas 20 denuncias durante el año pasado por posible discriminación por preferencias sexuales, refiere María José Fernández, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo. Y en lo que va del 2013, esta instancia ha intervenido en más de diez casos.
Uno de los que recuerda Fernández es un caso que sucedió en Galápagos. Allá el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos negó el derecho de residencia permanente a la pareja de un residente, al no avalar su unión de hecho.

Hay más denuncias. En una se menciona que una servidora pública obligaba a una trans a retirarse el maquillaje, a quitarse los aretes y a recogerse el cabello para poder tomarle la foto y darle la cédula.